Polémica encendida e indignación en Colombia por el anuncio de que el Ejército de los EEUU podrá usar, en pocas semanas, 3 bases militares colombianas en el país. Mientras el embajador del país norteamericano, William Brownfiled, y el presidente Uribe aseguran que se trata sólo de una colaboración conjunta "contra el terrorismo y el narcotráfico", la oposición -encabezada por los senadores Jorge Robledo (del Polo Democrático) y Rafael Pardo (ex ministro de Defensa colombiano)- argumenta que es una flagrante violación de la soberanía colombiana y una nueva actitud imperialista. A nadie se le escapa que, en cualquier caso, esta es la consecuencia clara del cierre de la base militar que los EEUU tenían hasta ahora en Manta (Ecuador).

-Un informe publicado por el colombiano Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) pone de manifiesto que durante los 7 años de mandato de Uribe ha aumentado el descontento social y, por tanto, la movilización popular en contra de él. En 2007, dice el estudio, se llegó al máximo número de luchas sociales desde el 1975, con una media de 643 por año en el periodo 2002-2008. En estos años, más de la mitad de los 1.120 municipios del país expresaron algún malestar social producido por las políticas del Gobierno uribista. Destaca también, según este exhaustivo estudio, que las protestas sociales ya no las lideran sólo los sindicatos sino que también tienen como protagonistas emergentes, entre otros, a los colectivos de mujeres, los de homosexuales, los de indígenas y las ong de derechos humanos. Todo ello, deja claro que nunca antes había habido tanto descontento en Colombia con las políticas sociales implementadas o recortadas por el Gobierno de Uribe.

-Por otro lado, Amnistía Internacional presenta un informe sobre el desplazamiento interno en Colombia dónde señala -citando a la ong colombiana CODHES como fuente- que durante el 2008 más de 380.000 personas tuvieron que desplazarse forxadamente en el interior de Colombia, cifra que representa un aumento del 24% respeto al 2007. El director de desplazados de Acción Social (organismo gubernamental) declara, en cambio, que las cifras de desplazados publicadas por AI son superiores, asegura, a las reales.

- A principios de mes, el Gobierno colombiano vuelve a autorizar a la senadora Piedad Córdoba para ejercer de mediadora con las FARC. La respuesta de Córdoba, que agradece esta autorización, es pedir también una reunión con el presidente Uribe para poder analizar juntos las condiciones de un acuerdo humanitario, tema indeleblemente unido a esta nueva etapa de la senadora como mediadora oficial.

Una carta firmada por centenares de personalidades de varios países del mundo exhorta al Gobierno colombiano y a las FARC a acercarse, con el objetivo de pactar un intercambio humanitario, y anima también a la comunidad internacional a apoyar este proceso y a Colombianxs por la Paz. Poco después, en una carta pública dirigida a la senadora, las FARC afirman estar "a la espectativa" una vez hecha pública esta autorización. Afirman también que, mientras el Gobierno colombiano se prepara para un eventual intercambio humanitario, "lo podemos organizar para que (Piedad Córdoba) reciba a los secuestrados Pablo Emilio Moncayo y Josué Daniel Calvo así como los restos mortales del capitán Guevara".

- El ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo -alias "Don Berna"- vuelve a jurar, en una versión libre ante del fiscal, que los generales del Ejército Mario Montoya y de la Policía Leonardo Gallego, se aliaron con los paramilitares para realizar la operación "Orión".

Este operativo tuvo lugar en octubre de 2002 en la comuna (conjunto de barrios) 13 de Medellín, para eliminar milicianos de las guerrilles que vivían allí, según el Gobierno, o para devolver aquella zona a los paramilitares, según las organizaciones de derechos humanos.

El balance fue de una niña muerta y de 38 civiles heridos, además de la instauración de un férreo control social paramilitar en aquella zona. Los testimonios de varios paramilitares desmovilizados ya señalaron en su momento lo mismo que Don Berna, es decir, que para llevar a cabo el operativo "Orión" el bloque Cacique Nutibara de los paramilitares se coordinó, durante meses, con la brigada IV del Ejército y la Policía de Medellín. Los dos generales lo hannegado siempre.

- DDHH: Siete organizaciones de derechos humanos y cinco defensores/as de Colombia sufren seguimientos ilegales e interceptación sistemática de llamadas y de correo por parte del DAS, el organismo estatal de Inteligencia, desde al menos el año 2004. Todo ello, forma parte de la denominada "Operación Transmilenio" mediante la cual, según información de la propia Fiscalía de Colombia, esas ong y defensores/as fueron espiados y seguidos durante años por un grupo especial, creado ilegalmente, con el objetivo de "destruir o neutralizar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil" y llevar a su judicialización o bien para poder realizar operaciones de inteligencia encubierta (varias fases de guerra psicológica) contra ellas.

- DIH: Los enfrentamientos a tiros, en pleno día de mercado, en el centro del casco urbano de Corinto (Cauca) entre las FARC y la Policía matan a dos civiles y dejan heridas al menos a 20 personas más. Una de las víctimas es el indígena nasa Reinaldo Casso, a quien mató una bala perdida mientras andaba por la calle.

Además, los habitantes de Corinto denuncian que, durante el combate, miembros de la Policía se hicieron fuertes en un hospital del municipio y en un garaje del Cabildo Indígena de Corinto, poniendo en gravísimo riesgo a todas las personas que estaban allí dentro en aquel momento.

- Doce años después de la masacre de Mapiripán, en el Guaviare, donde fueron asesinados al menos 49 civiles, varias organizaciones de derechos humanos celebran un acto en memoria de las víctimas y de apoyo a sus familiares. Se trata de la "Caravana de la memoria por la vida y por la paz", integrada por 450 personas que salen de Bogotá y recorren en buses los aproximadamente 600 kilómetros que hay hasta los pueblos de Mapiripán y San José del Guaviare.

La masacre de Mapiripán la cometieron paramilitares con el apoyo del Ejército colombiano en julio del 97, tal como quedó demostrado en los tribunales a partir de la confesión de un coronel implicado.

Según varios testigos, durante 5 días los paramilitares confinaron a la población dentro de sus viviendas y fueron sacando a las víctimas, casa por casa, para torturarlas y después asesinarlas. Algunas fueron degolladas y cortadas a pedazos ante sus familiares. Otras todavía permanecen desaparecidas.

En 2005 la Corte Interamericana de Derechos humanos (CIDH) condenó el Estado colombiano al encontrarlo co-responsable de aquella masacre.

Los Consejos regionales indígenas de Risaralda y otras autoridades indígenas de ese departamento firman una resolución, con validez de dos años, a partir de la cual suspenden la práctica de la ablación de clítoris a las niñas de estas comunidades, considerada ancestralmente por ellos una práctica curativa.

El acuerdo se firma al ver que esa práctica iba en contra de la integridad física y de la vida de las niñas que la sufrían. En el mismo acuerdo, este colectivo indígena resuelve también que cuando las mujeres presenten complicaciones en sus embarazos, serán remitidas al lugar de salud o hospital más próximo. Aún así, en el acuerdo se especifica que se necesita la autorización de la mujer gestante o de su compañero o personas acompañante en caso de que se haga necesaria una cesárea u otras intervenciones.

Algunas de las actividades de la Taula este mes:

- Hemos enviado una carta de apoyo a la "Caravana de la memoria por la vida y por la paz" a Mapiripán, pidiendo al Gobierno colombiano que sus integrantes tengan garantías para poder realizar aquel acto de memoria histórica.

- Nos hemos reunido en Madrid con el Secretario de Estado de Iberoamérica, con el embajador de Colombia en España y con el director de la Oficina de DDHH del Ministerio de Asuntos Exteriores para expresarles nuestra preocupación por las amenazas de muerte que recibieron en mayo, en Colombia, dos de las tres becarias de la Taula, debido a su tarea de defensoras de DDHH.