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Durante este particular trimestre de celebración de elecciones presidenciales las iniciativas civiles de paz surgidas desde diferentes sectores nos señalan preocupantes obstáculos y, al tiempo, pasos de salida del complejo conflicto armado y social colombiano.
Entre los aspectos preocupantes destaca la relación entre el tipo de gobernabilidad y el nivel de garantías ciudadanas existente: si bien es un hecho que el gobierno de A. Uribe fue reelegido con un 62’2% de apoyo ciudadano , el tipo de gobernabilidad ejercida durante estos meses muestra una incapacidad a la hora de generar un contexto con mínimas garantías ciudadanas (expansión de las oportunidades de vida para la mayoría y libertades fundamentales). Hechos trimestrales que lo corroboran serían los siguientes: - La respuesta gubernamental contundentemente represiva a la masiva Cumbre de Organizaciones Sociales realizada por indígenas, campesinos, afrodescendientes y sectores sociales (Cauca y Nariño), al lado de una respuesta suave frente al accionar de los grupos paramilitares y/o desmovilizados tal como indican los informes de la OEA y de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. - La inexistencia de pronunciamiento gubernamental frente a la reciente y persistente oleada de amenazas a defensores y organizaciones de derechos humanos desde los resurgidos grupos paramilitares donde hasta la Unión Europea y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mostraron su preocupación exigiendo garantías para las actividades de este sector. - El hecho que el gobierno priorice la gestión bélica del conflicto (Plan Patriota, Plan Colombia) para derrotar a las FARC y acabar con el narcotráfico ha hecho que aumentaran las zonas de confrontación causando la expulsión y/o confinamiento de población. Las recientes visitas de la Alta Comisionada Auxiliar para Refugiados y del Representante para los Derechos de los Desplazados ambos de la ONU verificaron la crisis humanitaria existente en el país y alertaron sobre la proporción y situación de la población desplazada y refugiada en Colombia. Por otra parte, el recién “Informe mundial sobre drogas 2006” de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito corroboró la ineficacia de las fumigaciones con herbicida como estrategia de reducción de los cultivos de coca cuando su aplicación sí genera la expulsión de población de sus zonas. - Los indígenas wiwa y Kogi-kankuamos alertaron durante este trimestre ante la mínima implementación por parte del gobierno de las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Así mismo los indígenas U’wa (Arauca), los Barí (Catatumbo) y las poblaciones campesinas y indígenas del Putumayo confirmaron la poca voluntad gubernamental de adopción del convenio 169 de la OIT que exige la consulta previa a los grupos étnicos antes del inicio de una actividad económica en su territorio, en este caso, la exploración y explotación de pozos peroleros. - Ha aumentado la distancia de diálogo o se ha roto la concertación entre el gobierno y diferentes sectores sociales (grupos indígenas, comunidades de paz, sindicatos): los compromisos incumplidos por las autoridades gubernamentales; la actuación gubernamental en contravía de los intereses colectivos previamente pactados; los últimos hechos descubiertos este trimestre de corrupción e infiltración paramilitar de la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) son diferentes factores que han llevado a estos sectores sociales a aumentar la desconfianza en la institucionalidad. - Los actores armados como amenaza a la institucionalidad siguieron influyendo y limitando los procesos de gobernabilidad: las FARC desde fuera, ejerciendo presión a través de la amenaza, secuestro y asesinato. Los paramilitares, desde dentro, instrumento de algunos sectores de la clase política, activando estrategias para lograr el control territorial y social a través de la manipulación de las elecciones. Ello les permite tener presencia institucional afín a sus intereses y generar una relación de clientela que les facilita el acceso a mercados lícitos e ilícitos, públicos y privados. Realmente la correlación entre democracia electoral, gobernabilidad y paz/conflicto armado es compleja. La mayoría de politólogos plantean y, así lo corroboraron los acontecimientos de este trimestre, que únicamente el resultado electoral de un gobierno votado por una mayoría ciudadana ni siempre garantiza una oportunidad para disminuir el índice de conflictividad armada y tampoco garantiza que se den las condiciones mínimas para una buena gobernabilidad . Existen otros factores que influyen decisivamente en el alcance de una buena gobernabilidad y paz más allá de la existencia de una democracia electoral (limpia y transparente). Algunos son los siguientes: el programa político del gobierno electo, el nivel de erosión de sus instituciones, la incidencia armada en el espacio civil y institucional del país y el nivel de intereses económicos y políticos internacionales existentes en el país. Diferentes iniciativas civiles colombianas también han avanzado durante este trimestre con diversas estrategias hacia la construcción de formas locales de gobernabilidad alternativa conectadas al aumento de las garantías ciudadanas a medio y largo plazo: - Los grupos indígenas y afrocolombianos demostraron el fortalecimiento de sus experiencias de propia gobernabilidad desde relaciones asamblearias, prácticas de economía sostenible, fomento de su formación y organización y mejora de sus estrategias de autoprotección ante las agresiones de las guerrillas, paramilitares y ejército. A su vez, junto al movimiento campesino, aumentaron su capacidad de convocatoria social frente a la defensa de la vida, el territorio y la paz. - Continuaron incrementándose las Asambleas Municipales Constituyentes y su mayor coordinación entre ellas. Su importancia radica en ser espacios de ejercicio del poder local desde una perspectiva colectiva e incluyente entre los diferentes sectores sociales, económicos y partidos políticos como nueva forma de gobernabilidad. - La claridad y coherencia de mensajes desde diferentes iniciativas civiles enfatizando, una vez más, su rechazo a la obsesión del Estado y los grupos armados de vincular sus reivindicaciones a favor de sus estrategias de guerra; y reafirmándose en la paz expresando que “a pesar de la barbarie, la palabra continúa construyendo vida digna y soberanía”. - La capacidad de incidir en la agenda humanitaria: en este trimestre la Comisión Humanitaria para el Desminado de Antioquia avanzó en la agenda de desminado, así como se creó la asociación de víctimas de minas antipersonales en el mismo Departamento. - El impulso de iniciativas de sistematización de la memoria de las víctimas, catastro alternativo de los predios arrebatados por actores armados que sientan las bases para próximas Comisiones de la Verdad Histórica y reparación cuando las condiciones contextuales se den. - Surgimiento de Iniciativas que buscan visualizar el entramado de intereses entre gobierno, relaciones económicas internacionales y seguridad privada así como identificar la responsabilidad internacional en el conflicto armado colombiano. La más destacable sería la celebración del Tribunal Permanente de los Pueblos que realizó un juicio simbólico a las empresas cocacola, nestlé y chiquita brands. Algunos desafíos que señalaron las diferentes iniciativas civiles de paz durante este trimestre son los siguientes: -Tener suficiente capacidad para mantener un espacio de actuación desde la garantía de la vida en un contexto tan adverso y amenazador. - Conseguir que los diferentes actores armados (ejército, paramilitares y guerrillas) respeten y permitan la autonomía y el desarrollo de sus iniciativas - Fortalecerse a nivel local y regional hasta el punto de influir en el contexto nacional generando una dinámica de paz desde abajo hacia arriba. -Tener suficiente capacidad para incidir en las posibles negociaciones entre el gobierno y las guerrillas (actualmente con el ELN y, en un futuro con las FARC) con el fin de que estos procesos sean propulsores de una real transformación de la gobernabilidad que lleve a la expansión de las oportunidades de vida para la mayoría y libertades fundamentales. -Tener suficiente capacidad y espacio para mantener una actitud vigilante y de alerta ante el actual proceso de reinserción de los desmovilizados paramilitares que realmente responda al cierre del ciclo de violencia paramilitar y a la verdad, justicia y reparación de las víctimas. - Ampliar el espectro político democrático colombiano enriqueciéndolo con propuestas políticas que respondan a las necesidades de la mayoría y al respeto de la diferencia en este nuevo periodo pos electoral que supera el bipartidismo por primera vez en el país. |
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Aquest butlletí és una iniciativa de la “Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia” per donar a conèixer les iniciatives ciutadanes de construcció de pau a Colòmbia i, també, el compromís de la societat Catalana amb aquestes iniciatives. La informació recollida no preten oferir un panorama exhaustiu de totes les iniciatives ciutadanes de construcció de pau existents en el país. La informació presentada no té perquè coincidir amb els principis de l'autoria.
La “Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia” està formada per: Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Lleida, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Ajuntament de Santa Pau, Associació Catalana per la Pau, Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat-CEAR, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Cooperacció, Entrepobles, Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Fundació Josep Comaposada–UGT, Fundació Pagesos Solidaris, Fundació Pau i Solidaritat–CCOO, Fundació per la Pau, Generalitat de Catalunya, Intermón – Oxfam, Justícia i Pau, Lliga pels Drets dels Pobles, Moviment per la Pau. Entitats observadores: Amnistia Internacional Catalunya, Brigades Internacionals de Pau-Catalunya, Escola de Cultura de Pau de la UAB. |
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