El Grupo de Trabajo de Empresas y DDHH presenta la propuesta de Centro de evaluación de los impactos de las empresas catalanas en el exterior

El Grupo de Trabajo de Empresas y DDHH presenta la propuesta de Centro de evaluación de los impactos de las empresas catalanas en el exterior

El proyecto de Centro surge de la sociedad civil y define los principios que lo rigen, sus funciones, la estructura organizativa y la sostenibilidad financiera. La propuesta pide el apoyo de entidades y colectivos y ya cuenta con otras organizaciones como la Coordinadora de ONG Solidarias de las comarcas de Girona y el Alt Maresme, ECAS o plataformas como Pobreza Cero - Justicia Global y Stop Mare Mortum .

El Grupo de Trabajo de Empresa y Derechos Humanos, formado por la Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia y Lafede.cat, ha actualizado su propuesta de Centro de evaluación de los impactos de las empresas catalanas en el exterior, presentada el pasado 3 de junio de 2016 en sede parlamentaria, a raíz de la Jornada sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, y que cuenta con el apoyo por unanimidad del Parlamento de Cataluña desde el 3 de noviembre de 2016, cuando se aprobó la resolución que da ocho meses para "crear y desplegar" el centro.

El documento recoge la voluntad de la sociedad civil sobre cómo debe ser este Centro y cuáles son los principales ejes que deberían regir: naturaleza jurídica, principios, funciones, estructura organizativa y sostenibilidad financiera, entre otros. Esta iniciativa hará que Cataluña sea pionera en el mundo en la defensa de los derechos humanos y la justicia global y la situaría como uno de los primeros países que se alinea con los acuerdos de la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en los que se estableció la voluntad de crear un mecanismo vinculante para las empresas que tengan mala praxis.

Un Centro independiente con potestad sancionadora por las empresas

El Centro debería ser de naturaleza pública, independiente y dotado de personalidad jurídica propia. Se dibuja como una entidad de derecho público, con plena autonomía e independencia, que debe rendir cuentas a la sociedad civil, al Parlamento y al Gobierno de Cataluña. Los principios rectores pivotan sobre el convencimiento de que existe una superioridad jerárquica del derecho internacional de los derechos humanos -incluyendo el derecho internacional del trabajo y el derecho internacional ambiental- sobre las normas de comercio e inversiones, nacionales e internacional y que, por tanto, es imperativo que los Estados garanticen el cumplimiento de los DDHH por encima de cualquier otro interés que pueda existir.

Las Funciones concretas del Centro se desglosan en cinco grandes ámbitos

1. Velar por la actuación exterior de las empresas catalanas. El Centro debe poder recibir, investigar y hacer seguimiento de las denuncias de casos de posible vulneración de los derechos humanos; apoyar a las comunidades afectadas para exigir acceso a la justicia ante casos de violaciones de DDHH cometidas por empresas catalanas; y elaborar informes periódicos que se presentarán ante el Parlamento de Cataluña.

2. Garantizar que el apoyo a la internacionalización de las empresas catalanas incorpora el estricto respeto de los derechos humanos.

3. Impulsar propuestas concretas sobre normas vinculantes para las instituciones catalanas, estatales e internacionales las aprueben, así como incorporar criterios para el respeto de los derechos humanos en los procesos de contratación pública en los diferentes niveles de la Administración catalana y en la concesión de licencias de actividades para operar en el territorio catalán.

4. Activar los mecanismos incentivadores para que las empresas cumplan con los derechos humanos. Comprometer a la Generalitat a limitar cualquier apoyo público a una empresa catalana si ésta no respeta los derechos humanos. Esto se aplicará a: las subvenciones públicas o la contratación pública de servicios por parte de la administración catalana; el asesoramiento por parte de las delegaciones del Gobierno, los centros de promoción de negocios de ACCIÓ y las oficinas de la Agencia Catalana de Turismo que están distribuidas por todo el mundo; y la posibilidad de participar en las delegaciones comerciales de promoción de la internacionalización de la economía catalana que se lleven a cabo desde el Gobierno de la Generalitat.

5. Implementar mecanismos de comunicación que aseguren la transparencia y la continua información sobre las actividades del Centro en la sociedad catalana, así como mecanismos e informes de rendición de cuentas.

En cuanto a la estructura organizativa, el Grupo cree que se debería crear una Junta de gobierno, un Comité asesor y un Equipo de coordinación técnica. En este punto es importante que, con voluntad de evitar cualquier dilema o conflicto de intereses, ningún integrante de estos organismos internos de gobierno y gestión técnica esté vinculado a los órganos de dirección o consejos de administración de entes con ánimo de lucro .

Por último, el texto contempla un punto de sostenibilidad financiera, donde se defiende que, para garantizar su independencia, el Centro deberá disponer de fondos públicos provenientes de las asignaciones presupuestarias que establezcan los presupuestos de la Generalitat de Cataluña; los convenios que se formalicen con otras instituciones públicas y privadas; y de las subvenciones, transferencias y otros ingresos de carácter público y/o los ingresos de las publicaciones, estudios y otras actuaciones hechos por el Centro.

Apoyo de las entidades

Esta es una propuesta avalada por la sociedad civil, no sólo por las entidades que desde hace tres años conforman el Grupo de Trabajo de Empresa y Derechos Humanos de Lafede.cat y la Taula por Colombia, sino también por numerosas entidades de segundo o tercer nivel que en los últimos días le han dado su apoyo. Entre otros, la Coordinadora de ONG Solidarias de las comarcas de Girona y el Alt Maresme -que integra cerca de 60 entidades-, ECAS - Entidades Catalanas de Acción Social -que aglutina unas 100 entidades-, y la Plataforma Pobreza Cero Justicia Global -que aglutina más de 3.000-, así como los dos sindicatos mayoritarios del país, CCOO y UGT. También por movimientos sociales como la plataforma Stop Mare Mortum.

En estos momentos el Grupo quiere el máximo apoyo social para hacer incidencia tanto en el Parlamento como en el Gobierno, con el fin de que este Centro vea la luz dentro del plazo establecido por la resolución del Parlamento; esto es, antes del 3 de julio de este año. Por ello, se pide el apoyo al Centro a través de adhesiones a la carta de apoyo para la creación de un marco legislativo por el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas catalanas en el exterior. Hay que dirigirse a este enlace.

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