El drama de l’exili i les persones colombianes a l’exterior
Marta Saiz. International Action For Peace
La definición lo dice muy claro, exilarse significa dejar la patria, abandonarla, generalmente por motivos políticos. En el caso de Colombia, el conflicto armado ha generado que más de 400.000 personas hayan tenido que abandonar el país obligadas por la situación y las amenazas que, mayoritariamente, recibían por su trabajo en la defensa de los derechos humanos.
El exilio significa cortar con un proyecto de vida, no solo a nivel laboral y personal, sino también político y social. El hecho de verse en la obligación de dejarlo todo supone un desenraizamiento del país natal, enfrentándose a un contexto desconocido, lo que conlleva a una situación de soledad por la falta de la red de apoyo y que la esperanza de volver algún día dificulte una integración real. Todo ello lleva a una serie de circunstancias, por las cuales se convierten en víctimas de prejuicios y estereotipos en los que la sociedad encasilla a la población colombiana, marginándola y aislándola más de la realidad y el contexto en el que vive.
Pero además de esta marginalidad a la que se ve ven expuestas las personas exiliadas, desde el propio estado colombiano tampoco se las reconoce como víctimas del conflicto armado. Tal y como afirma Edinson Cuéllar, defensor de derechos humanos y abogado colombiano, la diáspora colombiana, por múltiples razones, ha quedado excluida de la implementación de políticas públicas efectivas que garanticen el ejercicio de sus derechos como víctimas, y los desarrollos normativos han dejado sin mecanismos legales reales que permitan su intervención en los distintos escenarios de exigibilidad de derechos -procesos de restitución de tierras, de justicia y paz, administrativos de reparación o construcción de memoria histórica, entre otros-. Y matiza que aunque no existe una norma que prohíba la participación de las exiliadas o refugiadas en los diferentes procesos para las víctimas, lo cierto es que no hay políticas claras que incentiven o posibiliten su intervención real: “la marginalidad de no poder estar en el país se constituye en marginalidad institucional, pues no existen mecanismos efectivos para acceder como ciudadana colombiana a los espacios estatales para el ejercicio de sus derechos”.
Cuéllar, radicado en Barcelona desde donde socializa los Acuerdos de Paz, participó en la primera sesión del ciclo de formación La paz y los derechos de las víctimas colombianas en el exterior, organizado por International Action For Peace-IAP Catalunya, la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, y con el apoyo de la Colectiva de Mujeres exiliadas, refugiadas y migradas, el Foro Internacional de Víctimas, Ambdrets y la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.
En el taller también intervino Betty Puerto, de la Colectiva de Mujeres exiliadas, refugiadas y migradas, quien expuso el drama del exilio –al sufrirlo ella misma en 2006-, e incitó a configurar una agenda política dedicada a la incidencia, para que no solo las personas exiliadas sepan y se reconozcan como refugiadas y entiendan que tienen unos derechos, sino para que los gobiernos e instituciones –nacionales e internacionales- comiencen a trabajar en la visibilización del trabajo que estas personas hacen en pro de la defensa de los derechos humanos, y, por tanto, promover que la diáspora colombiana se reconozca como víctima del conflicto colombiano. De esta manera, se lograría que incidiera directamente en el proceso de paz.
Por ello, es importante y necesaria la articulación de un movimiento que englobe a las personas exiliadas colombianas, ya que son un punto clave a la hora de lograr una paz real que garantice la justicia social. Son las que tuvieron que huir a causa del conflicto, fuera de sus fronteras, abandonando toda posibilidad de volver al país por el que tanto lucharon. Son las que desde fuera apoyan los movimientos sociales del país y las que exportan los conocimientos de lo que realmente ocurre en Colombia, lejos de intereses estatales y/o empresariales. Y son las víctimas no reconocidas de un conflicto armado de más de 50 años que merece aunar todas sus piezas para lograr la ansiada paz que necesita Colombia.
