250 organizaciones sociales de defensa de derechos humanos y la justicia social piden al Congreso que no ratifique el Acuerdo de protección de inversiones entre España y Colombia

• Colombia es el país más letal para las personas defensoras de derechos humanos y se ha documentado una relación directa entre la violencia y el modelo económico del país.
• El acuerdo responde a los intereses y beneficios de las grandes empresas, ya que permite bloquear o impedir regulaciones que afecten a sus beneficios.

Organizaciones sociales y plataformas de solidaridad y de cooperación han pedido a los grupos parlamentarios que voten en contra de la ratificación del Acuerdo entre el Estado español y Colombia para la promoción y protección recíproca de inversiones. Una armadura jurídica que sirve a inversores y grandes empresas para bloquear o impedir regulaciones y demandar a estados si consideran que alguna medida afecta a sus expectativas de beneficio.

Entre los firmantes se encuentran la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (74 ONGD y 17 coordinadoras autonómicas), la Lafede.cat, Organizaciones para la Justicia Global (125 organizaciones catalanas federadas), la Taula catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia (24 entidades) y el Espacio de Coordinación de Plataformas y Organizaciones de Solidaridad con Colombia en el estado español.

Uno de los principales argumentos de la demanda es el aumento desmedido de la violencia política y las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Colombia. Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales han señalado a Colombia como el país más letal para las personas defensoras de los derechos humanos. Según Indepaz, desde la firma del Acuerdo de paz en 2016, más de 1330 líderes y lideresas sociales y personas defensores de los derechos humanos han sido asesinadas. Y también más de 300 excombatientes y firmantes del Acuerdo de paz. Según la Misión de la ONU en Colombia, solamente en los primeros tres meses de 2022 han sido asesinados 43 líderes sociales.

Un modelo económico contra los DDHH

En Colombia se ha documentado una relación directa entre la violencia y el modelo económico, social, político, institucional y policial militar del país; ocultando la relación funcional entre estructuras paramilitares y la guerra contra las distintas expresiones políticas y sociales que se oponen a la destrucción de los territorios por el poder político empresarial.

Las organizaciones firmantes detallan ejemplos de cómo «los inversores españoles han beneficiado a las violaciones masivas de derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales». Incluso cuando organizaciones paramilitares vehiculan el control del territorio para favorecer este desembarco empresarial y eliminar resistencias sociales a transnacionales y megaproyectos varios.

Las plataformas sociales para el desarrollo y la justicia social aseguran que el Acuerdo entre España y Colombia para la promoción y protección recíproca de inversiones incluye el mecanismo de solución de controversias inversor-Estado (ISDS) que implica peligros como la restricción drástica de la autonomía reguladora del Estado; cargas presupuestarias por los altos costes legales y las indemnizaciones. Y además, atenta contra el estado de derecho porque el trato distinto para los inversores extranjeros frente al resto de personas jurídicas anula la igualdad ante la ley y un acceso equitativo a la justicia. «Es un sistema unidireccional, está exclusivamente al alcance de los inversores extranjeros», afirman en la misiva.

La secretaría ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, afirmó en 2020 respecto a la inversión extranjera directa: «no existen elementos que permitan afirmar que en la última década haya contribuido a cambios significativos a la estructura productiva de la región o que haya servido como catalizador para la transformación del modelo de desarrollo productivo.»

Pueden leer la carta enviada a los parlamentarios aquí.