Alerta por la escalada de violencia hacia el movimiento sindical en Colombia
Autor: Ignasi Peguero Fundació Pau i Solidaritat @PauiSolidaritat
El movimiento sindical colombiano está en alerta por la escalada de violencia que está sufriendo Colombia en los últimos meses, sobre todo a partir de la convocatoria del «Paro Nacional» el pasado 21 de noviembre contra el «paquetazo de Duque». La incidencia de la violencia contra líderes y lideresas sociales y sindicales en el país se ha acentuado desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC en el año 2016.
Desde finales del 2019 y principios del año 2020 la situación es muy grave, con un aumento significativo de las amenazas, los hostigamientos, asesinatos y otros atentados contra la vida de las personas sindicalizadas, tal y como vienen denunciando las organizaciones sindicales del país como la Central unitaria de Trabajadores (CUT), la Unión Sindical Obrera (USO), la Central General de los Trabajadores (CGT) y otras Federaciones y Sindicatos como la FECODE. Según esta federación, en 2019 se conocieron hasta 890 amenazas dirigidas a personas dirigentes y maestros en todo el territorio, y en los dos primeros meses de 2020 el número de amenazas se encuentran alrededor de las 300, sólo en cuanto al ámbito educativo. Dada esta situación, FECODE convocó una huelga de 48 horas para los días 20 y 21 de febrero que recibió el apoyo del resto de entidades sindicales en el país.
Según FECODE, durante los primeros meses de 2020 se han conocido alrededor de 300 amenazas
En las últimas semanas han habido varios intentos de asesinato, como los perpetrados contra Jonathan Urbano, presidente de la USO en Puerto Gaitán, y Wiiliam Manrique, presidente de Sincoest, filial de la CGT. El pasado 8 de febrero también se intentó asesinar Carlos Rivas, ex presidente de FECODE y miembro de su comité ejecutivo, y la semana pasada a Sara Fernandez, profesora de la Universidad de Antioquia. También a principios del mes de febrero se recibió en la sede de la CUT en Bogotá una amenaza de muerte contra su presidente, Diógenes Orjuela, y contra otras 20 personas, líderes y lideresas sociales y personas defensoras de DDHH, firmada por el grupo narco paramilitar «Águilas Negras», organización de la que se sospecha que parte de sus miembros también son integrantes de diferentes organismos de seguridad del estado colombiano.
Además de esta y de otras organizaciones y bandas criminales que están volviendo a resurgir en el país, las entidades sindicales también quieren poner el foco en la responsabilidad de las autoridades a la hora de garantizar la vida de las personas y colectivos amenazados. Las entidades sindicales denuncian la escasa prioridad que da el gobierno actual a estos hechos y en cuanto a la asignación y mantenimiento de los esquemas de seguridad dependientes de la Unidad Nacional de Protección. El gobierno de Duque mira hacia otro lado, como dejan claro las palabras de la Ministra del Interior, Alicia Arango, cuando hace sólo unos días aseguró que las muertes por robos de teléfonos móviles son superiores a las muertes de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de DDHH.
Dada la situación de escalada de violencia y la desidia del gobierno actual con respecto a la vida de las personas críticas con sus políticas, el Comité Nacional de Paro ha convocado a otra movilización y huelga general el próximo día 25 de marzo en contra de las medidas económicas que está aplicando el gobierno, contra las recetas del FMI, OCDE y Banco Mundial, y por la Vida y la Paz en Colombia, que se espera que tenga un apoyo aún más masivo que la llevada a cabo el pasado mes de noviembre.
