Colombia el primer año de gobierno de Petro: avances y obstáculos

Gustavo Petro y Francia Márquez el 19 de junio de 2022, día en que el Pacto Histórico ganó las elecciones /Autor: Xavier Sulé

Secretaria técnica de la Taula

El 19 de junio de 2022 ganaba las elecciones presidenciales el primer gobierno de izquierdas de Colombia (la coalición del Pacto Histórico) y hoy hace un año Gustavo Petro se posesionaba como presidente de Colombia con Francia Márquez como fórmula vicepresidencial. Cataluña no ha sido indiferente ante este hecho: hace pocos meses el Parlamento de Cataluña aprobaba una Resolución de apoyo a la política de Paz Total del Gobierno de Colombia y constataba la necesidad de continuar trabajando con un enfoque de derechos humanos, poniendo a las personas en el centro de todas las políticas, en todos los ámbitos que haga falta.

A continuación, repasamos algunos temas destacados en materia de paz y derechos humanos durante el primer año de esta legislatura.

Coalición de gobierno, reformas sociales y Plan Nacional de Desarrollo (PND)

El primer año ha estado marcado por la caída de la coalición de gobierno el pasado 25 de abril y que se produjo por la falta de apoyo de algunos de los partidos de coalición a la reforma al sistema de salud.

Ahora bien, se destaca la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, documento considerado uno de los más democráticos de la historia política del país, fruto de un amplio proceso de debate y que marca la hoja de ruta en derechos sociales y ambientales en Colombia. No obstante, quedaron fuera del PND, entre otros, los artículos que hacían referencia a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad (CEV). Este hecho provocó reacciones de preocupación por parte de diversos sectores, tanto nacionales como internacionales, entre los cuales destacan las ex comisionadas y las del propio Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones. Desde la Taula lo lamentamos públicamente.

La agenda política también ha estado marcada por el impulso de diversas reformas legislativas, destacando la aprobación histórica de la primera reforma tributaria que tiene como prioridad el aumento de los impuestos a las rentas más elevadas y a los hidrocarburos. Otras reformas, como por ejemplo las del sistema de salud, de pensiones y laboral se sometieron a debate parlamentario pero finalmente no fueron aprobadas. Éstas y la reforma agraria, punto esencial del Acuerdo de Paz de 2016, continúan siendo algunos de los grandes retos en materia social para los próximos años.

La segunda legislatura estará marcada por un escenario de inestabilidad política que se acentúa con las próximas elecciones locales, previstas para el 29 de octubre.

Situación de riesgo de las personas defensoras, líderes y lideresas sociales

El año 2022 finalizaba con un balance preocupante. La defensoría del Pueblo registraba un total de 215 asesinatos a líderes y lideresas sociales y personas defensoras, siendo así el periodo con el mayor número de casos desde el año 2016. Datos de Front Line Defenders señalan que durante el 2022 Colombia fue el país con más asesinatos y violencia hacia las personas defensoras del medio ambiente en el mundo, pese haber firmado el Acuerdo de Escazú.

Para hacer frente a esta situación, el Gobierno presentó el Plan de emergencia para la Protección de personas lideres sociales, defensoras de ddhh y firmantes del Acuerdo de Paz con diversas medidas, algunas de ellas a implementar durante el año 2023.

De lo que llevamos de 2023, datos de Indepaz a fecha de 06 de agosto indican que han sido asesinados 100 líderes y lideresas sociales, 24 firmantes del Acuerdo de Paz y se han reportado 57 masacres. La última se registró en Cúcuta, Norte de Santander.

El 26 de octubre de 2022 el Congreso aprobó la Ley de Paz Total que estableció uno de los pilares del gobierno de Gustavo Petro: impulsar acuerdos con el ELN y con estructuras armadas organizadas de alto impacto como el Clan del Golfo.

Joven campesina. Departamento de Arauca /Autor: Xavier Sulé

Agenda de la Paz Total (I): negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)

Después de tres años de suspensión de los diálogos, en octubre de 2022 se reinstaló la mesa de negociación con el ELN que tuvo su primero ciclo de negociaciones entre noviembre y diciembre de 2022. Las negociaciones entraron en crisis en enero de 2023 a raíz del anuncio que hizo el presidente Petro sobre un acuerdo de cese al fuego bilateral y que el ELN desmintió pocas horas después.

Después de algunas reuniones extraordinarias, el 13 de febrero de 2023 inició el segundo ciclo de diálogos que finalizó durante el mes de marzo con el “Acuerdo de México” que estableció la nueva agenda de diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN, siendo uno de los principales puntos la participación de la sociedad colombiana en la construcción de la paz.

El tercer ciclo de diálogos inició y finalizó el mes de mayo y tuvo como resultado el “Acuerdo de Cuba”, documento que establece las bases para la participación de la sociedad civil, así como el cese al fuego bilateral que comienza el 3 de agosto y que tendrá una duración de 180 días. El mismo día se instaló el Comité Nacional de Participación para los diálogos de Paz con el ELN. Este comité está conformado por 81 representantes de 30 organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos y su tarea principal será recoger las propuestas de la ciudadanía y crear el Plan Nacional de Participación.

Agenda de Paz Total (II): diálogos o acercamientos con estructuras armadas organizadas

El Estado Mayor Central, que son una de las disidencias de las extintas FARC-EP, y el Clan del Golfo son algunas de las estructuras armadas que también forman parte de la estrategia de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro. Ahora bien, los meses de marzo y mayo el Gobierno suspendió el cese al fuego con estos dos grupos. Con el Clan del Golfo a raíz de un ataque contra la policía de Antioquia y con el Estado Mayor Central por la masacre de cuatro jóvenes indígenas en el Putumayo. Declaraciones del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, señalan posibles avances en relación a los acercamientos con estos actores.

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición (SIVJRNR)

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchó en audiencia al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, donde se dio a conocer nueva información en relación a la alianza entre las fuerzas militares, paramilitares y el servicio de inteligencia de Colombia (DAS) en el asesinato de representantes políticos del país. Así mismo, destaca el anuncio de la priorización de la apertura del macrocaso sobre violencia sexual, que ha sido una reivindicación constante de las supervivientes de este hecho victimizante. Otros hechos significativos son la acreditación del rio Cauca como víctima del conflicto, el avance del caso 03 relativo a las ejecuciones extrajudiciales y las amenazas e intimidaciones que han sufrido algunos magistrados de la JEP.

El legado de la Comisión de la Verdad ha sido impulsado por el Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM) a la implementación de las recomendaciones del Informe Final. Este comité ha presentado recientemente su primer informe de seguimiento, donde se recuerda la importancia del enfoque diferencial que debe tener la reparación, entre otras observaciones.

La Unidad de Búsqueda de Personas dada por Desaparecidas (UBPD) se ha comprometido a iniciar la búsqueda de más de 200 personas víctimas de desaparición forzada que, según hizo referencia Mancuso en la audiencia de mayo, fueron asesinadas y lanzadas a fosas comunes en la frontera entre Colombia y Venezuela por el bloque paramilitar que él comandaba.

La nueva política de drogas

Semanas después de su posesión, el presidente anunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el cambio de política de drogas de Colombia, con una mirada menos punitiva, más social y de salud pública que ha tenido diversas reacciones a favor y en contra.

Es remarcable que durante este primer año han aumentado las hectáreas de cultivos de coca y la violencia en las regiones asociadas: Cauca, Nariño, Bajo Cauca, sur de Bolívar y Putumayo. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), establecido en el Acuerdo de Paz de 2016, es una pieza clave para reducir la dependencia económica de las comunidades a los cultivos de uso ilícito, para ha resultado ser insuficiente y con vacíos en su implementación, según han manifestado las propias comunidades. Según el análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) el PNIS necesita cambios estructurales y una articulación con la estrategia de seguridad del Gobierno y con la futura reforma rural integral.

Otros temas destacados…

• La condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Colombia por el exterminio de más de 6.000 miembros de la Unión Patriótica (UP) durante más de 20 años.
• La apertura de una oficina de la Corte Penal Internacional en Colombia y el convenio de colaboración firmado entre ésta y la JEP.
• El anuncio de Gustavo Petro ante la COP28 de cambiar deuda pública por acción climática.
• La creación el Ministerio de Igualdad y Equidad que será liderado por la vicepresidenta Francia Márquez y que se espera que incidirá en la mirada del Estado en relación a los derechos de los pueblos afrodescendientes, indígenas, campesinos y la población LGBTIQ+, entre otros.
• La aprobación del proyecto de ley que reconoce al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección.
• La presentación, ante la Corte Suprema de Justicia, de una terna de tres mujeres y reconocidas penalistas para el nombramiento de la nueva fiscal general de la nación: Angela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Amparo Cerón Ojeda.

Finalmente, os recomendamos algunos informes destacados en materia de paz y derechos humanos en Colombia y que han sido publicados durante este primer año. Podéis acceder aquí.