Comunicado público en relación al incremento de la crisis humanitaria y de derechos humanos en Colombia

La Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia manifestamos nuestra preocupación porque, a raíz de la pandemia mundial de COVID-19, Colombia se enfrenta a un recrudecimiento del conflicto armado y al incremento exponencial de la crisis humanitaria y de derechos humanos en gran parte del territorio. La coyuntura actual agrava el riesgo para la vida de las personas defensoras de derechos humanos y de quienes asumen liderazgos sociales en el país. En particular, se han disparado los riesgos que enfrentan de forma diferencial las mujeres defensoras y lideresas, las comunidades étnicas y campesinas, y el movimiento sindical.

El anuncio de las primeras medidas de emergencia sanitaria en Colombia propuestas por el Gobierno de Iván Duque para contener la pandemia de COVID-19, ha coincidido de manera preocupante con una serie de agresiones y asesinatos a líderes y lideresas sociales, que han suscitado temor y alarma entre las organizaciones y redes que defienden los derechos humanos en el país.

Si bien, en 2019 la Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó al menos 108 asesinatos a personas defensoras de derechos humanos, en lo que llevamos de 2020, y según datos del INDEPAZ, ya han sido asesinadas 71 personas defensoras de derechos humanos y 20 excombatientes de las FARC-EP firmantes del Acuerdo de Paz.

Esta situación se ha visto fuertemente agravada en los últimos días, debido al aislamiento obligatorio adoptado entre las medidas de emergencia por la crisis sanitaria, medidas que por otro lado protegen a un sector reducido de la sociedad, aproximadamente un 33% de la población. Según datos de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) entre el 17 de marzo, día que se decretó el estado de emergencia en el país, hasta el 28 de marzo, habían  sido asesinadas 8 personas defensoras de derechos humanos. Con el confinamiento obligatorio decretado por el Gobierno colombiano se ha observado un aumento exponencial del riesgo, debido, entre otros factores, a: la persistencia de la acción de grupos armados ilegales y la falta de desmantelamiento de sus estructuras, así como investigaciones amplias y articuladas de sus vínculos con sectores  políticos, económicos y militares; la disminución de los esquemas de protección estatal; el hecho de que las fuerzas de seguridad pública estén enfocadas principalmente en atender la pandemia; o la obligación de permanecer en el mismo lugar a causa del confinamiento. Así lo han manifestado varias personas defensoras: “quedarse en un sólo lugar los convierte en objetivos fáciles”.

Al mismo tiempo, la creciente presencia de actores armados en los territorios constituye un serio peligro para las comunidades que, de no ser acompañado por una declaración multilateral de cese al fuego, protocolos claros de prevención ante el COVID-19 y una respuesta integral del Estado, podría incrementar la crisis humanitaria ya existente en estas regiones. Es por ello, que distintos sectores de la sociedad civil, la comunidad internacional, el Secretario General de las Naciones Unidas, la Misión II de Verificación de la ONU o el Alto Representante de la UE para Política Exterior, entre otros, han solicitado el cese de hostilidades y acciones bélicas. Ello debería implicar también la suspensión de las acciones de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito con glifosato que acosan y ponen en grave riesgo a comunidades campesinas y cultivadoras, acrecentando los problemas ambientales, de salud y soberanía alimentaria. .

Por todo ello, hacemos un llamado urgente al Presidente del Gobierno colombiano, Iván Duque, para:

1. Impedir y detener la ola de asesinatos y agresiones contra las personas que defienden los derechos humanos e incluir dentro de las medidas de prevención que se toman en el marco de la crisis de salud por el COVID-19, un plan de contingencia para la protección individual y colectiva de los liderazgos sociales y comunidades, y  una ruta de atención rápida, eficiente y con enfoque diferencial para los casos de agresiones que se presenten.

2. Acordar un cese al fuego bilateral con todos los grupos armados durante la efectividad de las medidas preventivas contra el COVID-19 y la suspensión inmediata de las acciones de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito con glifosato.

3. Avanzar en la implementación integral de las medidas del Acuerdo de Paz y así contribuir a las garantías para las personas que defienden los derechos humanos, que asumen liderazgos sociales y que apoyan la implementación de lo acordado