El Parlamento aprueba la resolución sobre el cumplimiento de las medidas de género del Acuerdo de Paz en Colombia

• La propuesta se presentó en el marco de las XIX Jornadas sobre Colombia de la Taula en torno a los 5 años del Acuerdo de Paz celebradas en el mes de noviembre

• La resolución ha sido aprobada por mayoría en la Comisión de Igualdad y Feminismos del Parlamento de Cataluña con el apoyo de los grupos parlamentarios de PSC, ERC, JxCat, CUP y En Comú Podem

El lunes 31 de enero de 2022 se ha aprobado la resolución sobre el cumplimiento de las medidas de género del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo.

Puede ver la intervención de las diputadas aquí (a partir del minut 36:50)

El documento, presentado de la mano de CooperAcció, acuerda que el Parlamento de Cataluña remarque la necesidad de implementar las medidas de género del Acuerdo de Paz como una oportunidad histórica para el avance y la materialización de los derechos de las mujeres y las víctimas, y llama a destinar los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Y en la misma línea considera que el Gobierno de Colombia debe extremar esfuerzos para implementar el punto 1 del Acuerdo, Reforma Rural Integral, que es uno de los más atrasados ​​e incluye los derechos a la salud, la educación y el empleo.

Puede leer la propuesta de resolución aquí

Asimismo, el Parlamento reconoce y apoya el trabajo de liderezas y defensoras de los derechos humanos que trabajan en los territorios; le insta a seguir avanzando en la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición como medida de protección a las vidas de liderezas y defensoras de derechos humanos; y también a avanzar en el Plan de Acción de la resolución 1325, aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2000, sobre las mujeres, la paz y la seguridad, con la participación del movimiento social de mujeres.

Las portavoces de la Comisión de Igualdad y Feminismos del Parlamento de Cataluña se reunieron el pasado mes de noviembre con defensoras de derechos humanos de la región colombiana de Montes de Maria y representantes de organizaciones feministas que fueron a Barcelona invitadas para participar en las XIX Jornadas de la Taula Catalana por Colombia.

Recogieron los testigos y denuncias de primera mano de Ángela Patricia Pérez de la Asociación Mujeres Valientes y Amorosas; Olga Margoth Romero, de la Asociación de Mujeres Renovadoras de la Vida de Azúcar y Yaini Isabel Contreras, lideresa del pueblo Zenú y consejera de educación propia e intercultural de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC); todas ellas integrantes del Comité de Seguimiento en la implementación de las medidas de género del Acuerdo de Paz en Montes de María. A la reunión también asistieron Adriana Benjumea de la Corporación Humanas, Luz Piedad Caicedo de Gpaz, Beatriz Quintero, de la Red Nacional de Mujeres y Diana María Parra, subsecretaria de políticas de Igualdad de la Alcaldía de Bogotá.

Todas ellas participaron en las Jornadas de la Taula «Cinco años después del Acuerdo, donde está la Paz en Colombia?» en la Mesa 5 La Implementación en Montes de María: violencia contra las mujeres y derechos humanos y la Mesa 6 Balance de la implementación de las medidas de género en el Acuerdo. Pueden recuperar sus intervenciones aquí.

Cinco años de la firma del Acuerdo de Paz

La resolución del Parlamento se da cinco años después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional de Colombia y las extintas FARC-EP que, a pesar de la presión social que han ejercido las mujeres, el movimiento de mujeres y las organizaciones de la sociedad civil, el Acuerdo de Paz y las 122 medidas de género establecidas en este, se han implementado parcialmente.

Esta no implementación por parte del Gobierno de Colombia contribuye a mantener las condiciones precarias en las que viven las mujeres en Colombia, haciendo que la paz territorial siga siendo esquiva en temas como el acceso de las mujeres a la tierra; los derechos sociales, económicos y culturales de las mujeres rurales; la participación política de las mujeres para la ampliación de la democracia; la seguridad y protección para la labor de las lideresas y defensoras de derechos humanos; y los derechos de las víctimas, en especial, de violencia sexual.