El Pleno del Parlamento da luz verde a la Ley de Creación del Centro de Empresas y Derechos Humanos
La propuesta de ley ha pasado el trámite con el apoyo de JuntsXCat, ERC, Comuns y CUP- CC y la oposición de Ciudadanos y el PP. Esta ley situaría Cataluña en la vanguardia de las Naciones Unidas, donde se está trabajando para la creación de un Tratado Vinculante para el control de la acción de las transnacionales en relación al cumplimiento de los derechos humanos.
El Pleno del Parlamento de Cataluña de esta semana ha admitido a trámite la Ley de Creación del Centro de Empresas y Derechos Humanos que se registró en el Parlamento el pasado 2 de julio con el apoyo de los grupos parlamentarios de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Socialista y Unidos para Avanzar, Catalunya en Comú Podem i CUP- Crida Constituent. Este viernes se ha rechazado la enmienda a la totalidad presentada por el PP que sólo ha recibido el apoyo de Ciudadanos, gracias a los votos de los mismos grupos que habían registrado la ley (JxCat, ERC, Comuns, PSC i CUP-CC). Esta propuesta está impulsada por el Grupo Catalán de Empresa y Derechos humanos de Lafede.cat – organitzacions per a la Justícia global, y la Taula Catalana per la Pau i els drets Humans a Colòmbia.
Ahora se creará una ponencia de ley en el Parlamento, para debatir el texto propuesto por la sociedad civil con los partidos políticos y pactar un texto definitivo.
En las intervenciones de ayer jueves, el diputado Ferran Pedret (PSC) ha reconocido “la necesidad de regular la acción exterior de las empresas para impedir que haya una contracción de las políticas públicas en la promoción de la internacionalización de las empresas catalanas”. Por su parte, Susanna Segovia (En Comú Podem) ha considerado que “se trata de un logro histórico porque la creación del Centro de Empresa y Derechos Humanos es un deber pendiente del Gobierno y del Parlamento”. El diputado Carles Riera (CUP- Crida Constituent) ha señalado que “la Ley hacer referencia a todas las empresas que tienen vínculo en el ámbito catalán”; es decir, a todas las empresas que operan en Cataluña y también en el exterior, y que “no debe ser sólo un centro de estudio, sino un centro de control, que tenga capacidad inspectora y sancionadora”. Por parte de Esquerra Republicana, Adriana Delgado, ha destacado de la Ley exige que “lo que se pide cumplir en Cataluña en materia de derechos humanos, también se pida en otros lugares del mundo”. Francesc de Dalmases (Junts per Catalunya), ha defendido que “ligar empresa y derechos humanos es un valor añadido para la economía catalana”.
Los únicos dos partidos que no han dado apoyo a esta iniciativa que surge de la sociedad civil han sido Ciudadanos y el Partido Popular, aludiendo que o bien primero se necesita un tratado internacional vinculante para aprobarla en Cataluña, o bien que las empresas catalanas no vulneran los derechos humanos. Esta segunda argumentación queda desmentida en la web www.alertadh.org donde se recogen casos estudiados de vulneraciones de derechos humanos por parte de empresas transnacionales con vinculación catalana.
“Lamentamos que hayan dos grupos que se muestren contrarios a la creación del Centro, pero continuaremos dialogando para convencerlos de la necesidad de tener herramientas de control públicas ante vulneraciones de derechos. Este Centro situaría a Cataluña en la vanguardia de las Naciones Unidas respecto del control de las empresas transnacionales. Es importante que los gobiernos dispongan de mecanismos de investigación, control y sanción sobre las malas praxis de las empresas, ya que estos gobiernos han firmado acuerdos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros”, valora Núria Carulla, portavoz del Grupo catalán de empresa y derechos humanos y vocal de Lefede.cat.
Esta aprobación llega después de un largo proceso de incidencia política de la sociedad civil donde el Parlamento de Cataluña ha mostrado reiteradamente su apoyo a la creación del Centro con tre resoluciones:el 2016, el 2019 y, más recientemente, el 25 de junio de este año (dos de ellas por unanimidad y la tercera por mayoría absoluta). Con la aprobación de esta Ley, Cataluña pasará a ser pionera en la defensa de los derechos humanos en el mundo y a garantizar la actuación responsable de las empresas transnacionales de matriz catalana, tal y como se está solicitando desde Naciones Unidas.
¿Qué es y cuál es el objetivo del Centro?
El Centro Catalán de Empresas y Derechos Humanos será un organismo público e independiente que rendirá cuentas ante la sociedad civil, el Parlamento y el Gobierno de la Generalitat. Su principal objetivo será el seguimiento y evaluación del impacto sobre los derechos humanos y el medio ambiente de comunidades o regiones de otros países, por parte de empresas con sede en Cataluña y/o que tienen inversiones y actividades en Cataluña. El objetivo del Centro Catalán es, por lo tanto, controlar la acción exterior de las empresas transnacionales que operan en otros países y que tienen vínculos estrechos con el territorio catalán. Esta propuesta es pionera en el mundo y sigue las líneas de trabajo de las Naciones Unidas donde se está debatiendo y trabajando en la creación de un Tratado Vinculante que vaya en la misma línea.
Se pretende que este Centro tenga la capacidad de recibir quejas y denuncias específicas para que colectivos afectados directamente por las empresas puedan dirigirse y éste pueda impulsar un proceso de investigación y de diálogo. Además, se propone que tenga capacidad sancionadora cuando las empresas no faciliten toda la información requerida por la administración.
El Centro también impulsará propuestas de regulación y diseño de políticas públicas, por ejemplo, en los procesos de contratación pública. Una de sus tareas más importantes será la investigación y seguimiento de los casos de vulneración de derechos humanos, sobre todo en países empobrecidos.
Con esta ley se prevé que no sea posible que el Gobierno contrate a empresas que generen impactos negativos en otros países como es el caso de las empresas del Grupo ACS (accionista principal Florentino Pérez), que causan impactos negativos en el ámbito ambiental, social y económico en Guatemala y que también tienen complicidades en zonas ocupadas en Palestina, entre otros.
En la web de alertadh.org se pueden encontrar diferentes casos de empresas transnacionales con vinculación catalana que vulneran los derechos humanos allí donde trabajan.
