«La Paz en Colombia está en peligro»
Más de 75 representantes de la sociedad civil colombiana, europea e internacional, se reúnen en Bruselas durante los días 4 y 5 de abril para evaluar la grave situación de derechos humanos en Colombia y para alertar a la UE y a los estados europeos sobre la falta de implementación del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el gobierno colombiano. El encuentro internacional reune más de mil organizaciones y movimientos sociales que trabajan a y para Colombia. Ha estado convocado por la Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDHACO) conjuntamente con sus tres plataformas asociadas en Colombia: Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; Alianza de Organizaciones Sociales y Afines para una Cooperación para la Paz y la Democracia en Colombia; y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU). Los participantes en este encuentro coinciden que, desde la llegada al gobierno, el presidente Iván Duque no ha demostrado la voluntad suficiente para implementar el Acuerdo Final de Paz, ya que las políticas publicas propuestas en materia de reforma rural integral, substitución de cultivos ilícitos, y derechos de las víctimas, así como el Plan Nacional de Desarrollo, son contrarias y regresivas a lo estipulado inicialmente en el Acuerdo, y por tanto ponen en peligro la construcción de paz en Colombia.
Hay una profunda preocupación por la reducción del financiamiento y la falta de soporte gubernamental a los tres mecanismos del Sistema de Justicia Transicional. En la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la ley estatutaria fue objetada por el presidente Duque, por ejemplo, se le ha asignado en 2019 un presupuesto 28% menor que el que demanda su funcionamiento. Los representantes de las plataformas recuerdan que la JEP es el instrumento que garantiza los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y que «tendría que ser intocable».
A esta situación se suma la nueva Política de Defensa y Seguridad, que representa una regresión en materia de derechos humanos: favorece el aumento de la militarización en los territorios, refuerza la participación ciudadana en actividades de seguridad, promueve la erradicación forzada de cultivos ilícitos y cierra las puertas a la negociación con el ELN.
Las organizaciones reunidas en Bruselas quieren denunciar que la implementación del Acuerdo de Paz no solo se ha desaccelerado, sino que su incorrecta implementación está poniendo en riesgo a las personas defensores y líderes sociales, especialemnte a los que viven en regiones donde se registra una lebe o nula presencia del Estado, es decir, donde antes se encontraban las FARC-EP.
«El Estado ha de actuar con urgencia y llegar con su institucionalidad a las zonas rurales más alejadas, dando soporte a los procesos de implementación del acuerdo en curso que atienden las causas estructurales del conflicto armado y donde más personas defensoras son asasinadas, especialmente aquellas que trabajan con temas como la restitución de tierras o la substitución voluntaria de cultivos ilicitos».
Per a las plataformas europeas y colombianas, que tienen una agenda política con altos representates de la UE en Bruselas, una de las grandes preocupaciones para transmitir son las cifras alarmantes de asesinatos de líderes y lideresas sociales y de personas defensoras de derechos humanos, igual que los retrocesos en amteria de garantias de protección para este colectivo, en particular para las comunidades etnico-territoriales, las mujeres y las personas LGBTI.
Según datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia, durante el 2018 fueron asesinadas 172 líderes sociales pero, el gobierno colombiano sigue negando la existencia del conflicto armado y continue criminalizando la protesta social, como lo hace actualmente con la Minga Social (mobilización masiva de campesinos e indígenas en el sur-occidente del país en vaga desde el 10 de marzo).
Según el dernier informe anual de la Alta Comisionada de Nacioens Unidas para los Derechos Humanos, las masacres han augmentado un 164% en el último año, pasando de 11 casos en 2017, a 29 en 2018. Los desplazamiento forzados, por su banda, han augmentado a alrededor de 127.000 personas víctimas en 2017 a más de 145.000 en 2018. Delante de esta situación, las organizaciones aseguran que «Colombia atraviesa una crisis humanitaria».
«Las organizaciones colombianas y europeas temen que la paz en Colombia esté en riesgo. Por eso demanamos a las instituciones de la UE y a sus estados miembro que continúen acompañando de cerca el proceso de implementación del Acuerdo de Paz, que pidan cuentas de los recursos que se han librado para que se hagan efectivos y que insten al gobierno colombiana a mantener sus compromisos con la búsqueda de la paz y las garantias de los derechos de las víctimas», concluyen.
