Luz verde en el Parlamento para hacer realidad el Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos
Este miércoles 9 de febrero el Pleno del Parlamento ha rechazado la enmienda a la totalidad con 111 votos en contra de PSC, ERC, Junts, CUP y Comunes y, por lo tanto, se ha admitido a trámite la propuesta de ley. La iniciativa cuenta con el apoyo de más de 8.000 entidades de la sociedad civil y cuando se apruebe situaría a Cataluña como referente internacional en la defensa de los Derechos Humanos.
El Parlament de Catalunya ha admitido a trámite la Propuesta de Ley de creación de un organismo de evaluación del impacto sobre los derechos humanos de las empresas que operan en Cataluña y en el exterior. Lo hizo ayer, miércoles 9 de febrero, después de rechazar la enmienda a la totalidad presentada por Vox con los 111 votos en contra de los grupos parlamentarios Socialistes i Units per Avançar, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Candidatura d’Unitat Popular – Un Nou Cicle per Guanyar y En Comú Podem, y 19 a favor de Vox, Ciudadanos y el Partido Popular. Esto quiere decir que ahora se abre un proceso de debate en el seno del Parlamento para abordar la propuesta de ley y consensuar un texto definitivo que se aprobaría en otoño de 2022, culminando así un proceso iniciado en el año 2016.
En caso de aprobarse, Cataluña sería pionera en la defensa de los Derechos Humanos a nivel Internacional, situándose delante de las Naciones Unidas en el control de las empresas transnacionales. La propuesta ha sido elaborada por el Grupo catalán de Empresa y Derechos Humanos que forman Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global y la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, ambas plataformas de entidades del tercer sector. En total, más de 8.000 entidades de la sociedad civil apoyan la creación de este organismo. Núria Carulla, portavoz de las entidades impulsoras valora muy positivamente este paso: “valoramos positivamente que finalmente el Pleno haya dado luz verde a la tramitación de la Ley, y esperamos que durante el trámite parlamentario se respete el espíritu del texto y los objetivos por los cuales hemos pedido que se cree este Centro. Por eso trabajaremos intensamente para implicar el máximo de actores posibles para hacer de esta ley una iniciativa pionera en el mundo”.
Las entidades impulsoras buscan recoger más apoyos a esta iniciativa y es por eso que han habilitado una recogida de firmas de apoyo al manifiesto para la creación del Centro, a través de la web alertaDH.org, donde también se pueden encontrar 14 casos documentados de empresas catalanas que vulneran los derechos humanos en el mundo, identificados e investigados por el Grupo de Empresa y Derechos Humanos.
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Los grupos parlamentarios que han dado apoyo a la propuesta han defendido la necesidad de crear este centro para garantizar la coherencia de políticas públicas de la Generalitat. El diputado socialista Ferran Pedret ha advertido que esta propuesta no va contra las empresas, ya que la mayoría actúan bien, sino en contra de aquellas que sí vulneran los derechos humanos: “sería injusto atribuir al conjunto de las empresas catalanas e, incluso, de las transnacionales una vulneración sistemática de los derechos humanos, de los derechos laborales o de los derechos ambientales o de los pueblos indígenas. Pero también seria mentir obviar que estas vulneraciones existen y que es difícil llegar a establecer responsabilidades por la manera en como las empresas usan los marcos regulatorios para evadir responsabilidades. Por tanto, avanzar en el camino de regular es importante”. En la misma línea ha hablado Junts per Catalunya: “Nos gusta mucho esta idea de valor añadido, de sello de calidad que supone el respeto a los derechos humanos”, ha dicho Francesc Dalmases, que también ha añadido que es necesario mantener la coherencia entre lo que se defiende en Catalunya y en Madrid.
En Comú Podem, de la mano de Susanna Segovia, también ha destacado que no es una amenaza para las empresas, sino un apoyo para que hagan mejor su trabajo porque “garantizar los derechos humanos no puede ser una amenaza para nadie”. Segovia ha puesto al foco en el proceso de tramitación: “Si acabamos esta tramitación con un Centro descafeinado nos estaremos haciendo un flaco favor a todas porque acabaremos otra vez con una ley que sobre el papel será muy bonita, pero que no será eficaz ni servirá para nada”. En esta línea ha intervenido Eulàlia Reguant, de la Candidatura d’Unitat Popular, que reclama que haya pocas modificaciones del texto para que no se apruebe un “centro descafeinado que sirva para lavarse la cara pero no para generar informes que provoquen cambios en actitudes”. Para los cupaires que Catalunya sea reconocida quiere decir respetar los derechos humanos: “Debemos ser ejemplo de cómo queremos relacionarnos con el sur global y como queremos que se garanticen sus derechos”. Finalmente, Ana Balsera, de Esquerra Republicana, ha enmarcado este Centro en la estrategia nacional de empresa y derechos humanos: “Los derechos humanos se deben defender aquí y en todas partes, en Catalunya y en todo el mundo”. Ahora bien, pide incluir más actores en el debate, como el mundo empresarial y el sindical.
¿En qué consiste la propuesta del Centro?
El futuro Centro de Empresas y Derechos Humanos velará para que el proceso de internacionalización de la economía catalana no genere impactos negativos, especialmente en los países más empobrecidos, y será el instrumento que garantice la coherencia de políticas económicas, de acción exterior y de cooperación internacional.
El Centro será un organismo público e independiente que rendirá cuentas a la sociedad civil, al Parlamento y al Gobierno de la Generalitat. Su principal objetivo será el seguimiento y la evaluación del impacto de las empresas catalanas o transnacionales con presencia en Cataluña, sobre los derechos humanos o el medio ambiente, en comunidades o regiones de otros países. Este organismo público supondrá un importante avance en la regulación del sector empresarial en materia de derechos humanos y de defensa del medio ambiente. Más de 3.000 empresas catalanas operan en el exterior, de forma directa o mediante más de 7.500 filiales.
Las entidades de paz, cooperación y derechos humanos trabajan desde el año 2014 para hacer realidad este Centro que, creen, aumentará el impacto estratégico de la política de cooperación internacional y se convertirá en un ejemplo de coherencia de políticas públicas, tal y como establece la Ley catalana de Cooperación y la Ley de Acción Exterior.
El Parlament de Catalunya ya ha mostrado en diversas ocasiones su apoyo a la creación de este Centro con tres resoluciones desde el 2016, por unanimidad o mayoría absoluta.
Más información:
