Meléndez: “El Centro catalán de Empresa y derechos humanos es necesario para que vigile y controle las actuaciones de las transnacionales”
El 9 de febrero de 2022 el Parlamento de Cataluña aceptó a trámite la propuesta de ley para la creación del Centro Catalán de empresa y derechos humanos, ideada por el Grupo Catalán de Empresa y derechos humanos de Lafede.cat y la Taula per Colòmbia- con el apoyo de más de 8.000 entidades, sindicatos y cooperativas-. Ahora, la ponencia de ley de creación del Centro, la cual se debatirá y consensuará un texto, ha llamado a diferentes actores a comparecer para escuchar todas las opiniones. El pasado 29 de noviembre participó José Adil Meléndez, abogado de las comunidades afrodescendientes colombianas afectadas por la actuación de la empresa Aguas de Cartagena, filial colombiana de Aguas de Barcelona, para exponer este caso. Este y otros casos se pueden consultar en la web alertadh.org.
Entrevista hecha por Lafede.cat
¿Qué representa que se esté hablando de la creación del Centro catalán de Empresa y derechos humanos, y qué esperas?
Representa una luz en el camino, esperanza y justicia. Debemos ser conscientes que las empresas catalanas son responsables de graves violaciones de derechos humanos, al medio ambiente y a la cultura de nuestras comunidades. Este Centro daría la posibilidad a las comunidades de poder presentar denuncias para que sean valoradas y estudiadas y, si es el caso, se sancione a las empresas que violan los derechos humanos. Espero que la ley se apruebe favorablemente pero, sobre todo, que se cree el Centro.
Dices que las empresas catalanas son responsables de graves violaciones de derechos humanos. ¿La impunidad de las empresas transnacionales no tiene fin?
Las empresas transnacionales son el poder delante, detrás o al lado del poder. Son gobiernos privados e indirectos, son los que mandan de verdad. Crear un Centro en el país de origen de las empresas transnacionales que vulneran lo derechos humanos ayudaría a aclarar hechos y daría herramienta, tanto a las autoridades de los países de origen de las empresas como a la de los países donde operan al exterior para actuar, y también para que puedan exigir sus derechos.
“Ninguna empresa opera en Colombia en zona de conflicto sin llegar a acuerdos con los actores armados instalados allá”
Con los testimonios surgidos en el marco de la Justicia transicional (nacida con el Acuerdo de Paz de 2016) se ha puesto de manifiesto que las empresas transnacionales instaladas en Colombia cuentan con el apoyo informal o tienen vínculos con grupos armados ilegales de la zona. ¿Está probada esta relación?
Sí. Ninguna empresa opera en Colombia en zona de conflicto sin llegar a acuerdos con los actores armados instalados allá. De hecho, el Estado no tiene control en 100 municipalidades, según informes del Sistema Integral de Paz del 30 de octubre del año pasado.
Empresas como Laulagun, Chiquita brands o Ecopetrol son casos probados. Y así muchas otras empresas. De hecho, hay testimonios que dicen que Aguas de Barcelona también ha pagado.
Actualmente llevas dos casos relacionados con la empresa catalana Aguas de Barcelona: por un lado, representas a las comunidades de pescadores afrodescendientes de La Rocha, Puerto Badel y Lomas de Matunillas. Hablas de impactos sociales, culturales y ambientales. ¿Qué ha pasado en este caso?
Aguas de Barcelona, a través de su filial colombiana, Aguas de Cartagena, tiene un proyecto de gestión y saneamiento de agua para abastecer a la ciudad de Cartagena llamado “Plan maestro de acueducto, alcantarillado y saneamiento ambiental de Cartagena”, el cual fue prorrogado hasta el año 2039. Para servir a la ciudad, la empresa ha instalado un sistema de grandes tuberías para coger agua del Canal del Dique – que tiene siete municipios aguas arriba, los cuales tiran aguas residuales al canal- , y mediante un sistema de trasvase, la dirige a la laguna natural Juan Gómez – Bohórquez, ubicada entre las comunidades afrodescendientes de Rocha, Puerto Badel y Lomas de Matunilla.
Este proceso ha convertido el pantano en un tanque sedimentador, el cual ha perdido profundidad y, por lo tanto, capacidad de resiliencia, hecho que ha modificado el entorno y, en consecuencia, se ha extinguido el 95% de la fauna acuática que representa el proyecto de vida de las comunidades. Todo eso ha generado un problema económico, que al mismo tiempo se ha convertido en social: la población es desplazada de su comunidad, donde lo tenía todo, a otras comunidades. Por lo tanto, es un problema ambiental con un componente económico, social y cultural.
También asesoras a los Consejos Comunitarios de Punta Canoa, una comunidad negra que se ha visto gravemente impactada por el proyecto del Emisario Submarino, relacionado con el caso anterior. ¿Qué impactos ha tenido?
Es la culminación del “Plan Maestro del Acueducto de Cartagena”. El emisario afecta a la zona donde la empresa vierte las aguas residuales de la ciudad de Cartagena, a menos de un quilómetro y medio de distancia de Punta Canoa, donde se ha destruido toda la planta productiva. Por un lado, la pesca, y por otro el turismo. Antes de la construcción, a Punta Canoa iban más de 1.000 personas al día, ahora no va nadie porque la gente tiene la sensación de nadar en agua podrida. Las comunidades se han empobrecido por culpa de Aguas de Barcelona que ha destrozado toda la economía.
“No se puede tener una posición indiferente ante las vulneraciones de derechos humanos que están causando las transnacionales”
Por otro lado, también denuncias los impactos, los abusos de corrupción y las malas prácticas de la empresa española SACYR en las obras de restauración del Canal del Dique. ¿Qué impactos tendrá esta obra sobre las comunidades? ¿Por qué estáis en contra?
El proyecto tiene dos grandes esclusas: una en el complejo A, a la altura de Calamar, para evitar que los sedimentos bajen por el río Magdalena y entren en el Canal del Dique, y otra a Puerto Badel, para evitar que la intrusión salina del agua a la bahía que está a unos 20 km ingrese en el canal. Es decir, el primero evita que los sedimentos entre en el canal y el segundo que el agua salada entre en el canal. Pero todas estas aguas se dirigirán a la Bahía de Barbacoas por Caño Correa, que pasa por mi pueblo que ser verá gravemente afectado.
En principio es un proyecto que está ideado para hacer frente al cambio climático, amparado en los ODS y se ha vendido como un proyecto de restauración ambiental. Pero no es así porque todos los instrumentos ambientales están desactualizados. Además, se ha violado el derecho a la participación de las comunidades: se ha sobornado al 100% de las 14 comunidades donde se han hecho consultas previas, y se han excluido a 30. También se vulnera el derecho al agua ya que afectará a 800.000 personas de manera directa, y no contempla obras de mitigación de los impactos de los sedimentos sobre las praderas marinas o los corales de Rosario, San Bernardo y Mono Hernández, existentes allá donde se dirigen las aguas del Canal. Por lo tanto, no entrarán sedimentos en el canal, pero entre el complejo A y la desviación del río hay más de 70 km, y estos sedimentos, ¿quién los controlará?
¿Por qué no deben entrar los sedimentos en el canal? ¿Hay un interés económico en el canal del Dique?
El 68% de la economía del país se mueve por este canal. Es un proyecto de tiene 10 objetivos, entre ellos la gestión del agua y el saneamiento – y creemos que Agbar tiene interés allá-, la navegabilidad, el turismo y la intrusión salina. El proyecto es netamente económico, según han manifestado los gremios y las autoridades, y también la procuraduría, porque pese a que habrá un decrecimiento porque las esclusas triplican el tiempo de navegación por el canal, implicará la construcción y gestión de muelles, puertos multimodales y zona franca, y creará turismo.
¿Qué reclaman las comunidades afectadas?
Las comunidades reclaman sus derechos colectivos al territorio, al agua y al medio ambiente. Reclaman reparación, el cumplimiento de los principios generales de empresa y derechos humanos y el respeto sobre la naturaleza y los derechos humanos. Las comunidades no se oponen al desarrollo, sino que reclaman que se las incorpore y se las escuche en los procesos de los proyectos, que se les garantice que sus territorios no sean expoliados y los recursos naturales destruidos. Que se reconozcan compensaciones. Han de dejar de ser vistas como beneficiarias del desarrollo para pasar a ser sujetos del derecho al desarrollo.
Tú, de hecho, por emprender todos estos casos, has sido amenazado y has recibido amenazas de muerte. ¿Defender los derechos humanos contra las transnacionales sale caro?
Cuando un ministro del gobierno actual dice públicamente que si no retiro la demanda contra el proyecto del Canal del Dique irá a los medios de comunicación a decir que yo soy responsable de lo que pase con el proyecto, te sientes desamparado porque sabes que un ministro tiene poder para ordenar la muerte, y en Colombia tenemos casos de ministros asesinos. Nos llegó una corona fúnebre a casa en la madrugada, y a las 10 de la mañana el ministro nos decía que éramos opositores. Todo eso te afecta emocionalmente, económicamente, familiarmente, socialmente y físicamente.
¿Y vale la pena seguir defendiendo los derechos humanos?
Forma parte del proyecto de vida que queremos, de nuestra naturaleza, de nuestra forma de ver el mundo. A veces nos toca lidiar, también, con las propias comunidades que también son corruptas. En el caso de Aguas de Barcelona, los líderes del consejo comunitario están al servicio de la empresa. Pero es como uno se siente útil en la sociedad, porque hoy hemos conseguido lo que no ha conseguido nadie en 30 años en esta zona del Caribe: la movilización de la población, la unión de las comunidades, que hablen con voz propia.
De hecho, actualmente Colombia vive un momento político histórico con el cambio de gobierno: por primera vez gobierna una coalición de izquierdas. Todo hace pensar que algunas tendencias deberían cambiar. ¿Podrá el nuevo gobierno cambiar la vulneración de derechos humanos por parte de empresas transnacionales en Colombia?
Mejorará un poco, pero no cambiará sustancialmente porque es un modelo global donde los gobiernos no mandan, sino que obedecen a políticas internacionales que definen quien vive y quién muere, y hacia dónde se dirige el mundo.
¿Y qué papel debe tener la sociedad del norte global?
Un papel más activista en la defensa del medio ambiente. Por ejemplo, reclamar la creación del Centro Catalán de empresa y derechos humanos para que vigile y controle las actuaciones de las transnacionales. No se puede tener una posición indiferente frente a las vulneraciones de derechos humanos que están causando las transnacionales.
