NOTA DE PRENSA: Graves consecuencias de la emergencia sanitaria de COVID-19 para las personas defensoras de derechos humanos en Colombia

28.04.20 | Comunicado público

Numerosas instituciones y representantes políticos del Estado español alertan de un aumento exponencial de agresiones y asesinatos a líderes y lideresas sociales, del recrudecimiento del conflicto armado y de la crisis humanitaria y de derechos humanos en Colombia.

Barcelona, 28 de abril de 2020

Diferentes instituciones públicas, representantes políticos y portavoces de grupos parlamentarios del Estado español han condenado públicamente las agresiones y asesinatos perpetrados desde el anuncio de las primeras medidas de emergencia sanitaria en Colombia, a raíz de la pandemia mundial de COVID-19. 

Miembros del Intergrupo de Seguimiento y Apoyo al Proceso de Paz de Colombia, pertenecientes al Grupo Socialista, al Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem- Galicia En Común y al Grupo Republicano del Congreso de Diputados, así como de los grupos en el Senado de EHBILDU, Geroa Bai, ERC-HB y Mes per Mallorca, denuncian que las medidas de confinamiento obligatorio decretado por el Gobierno colombiano han tenido como consecuencia el aumento exponencial de agresiones y asesinatos a líderes y lideresas sociales. 

Otras instituciones y representantes de Cataluña como el Departamento de Acción Exterior y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat de Catalunya, la presidenta de la Comisión de Acción Exterior del Parlamento catalán y representante de Junts per Catalunya, o los portavoces de los grupos parlamentarios de Catalunya en Comú Podem y de la CUP, han mostrado también públicamente su preocupación por los riesgos que enfrentan de forma diferencial las mujeres defensoras y lideresas, las comunidades étnicas y campesinas, y el movimiento sindical. 

En el mismo sentido, los responsables de cooperación de los ayuntamientos de Barcelona, Lleida, Sant Boi de Llobregat y Terrassa se han sumado al llamado urgente al Gobierno del Presidente Iván Duque. 

En sus comunicaciones destacan que este aumento del riesgo es debido, entre otros factores, a la persistencia del accionar y la falta de desmantelamiento de los grupos armados ilegales, la disminución de esquemas de protección estatal o la obligación de permanecer en un mismo lugar, lo que convierte a las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en objetivo fácil.

El pasado 24 de abril, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, manifestaba en un comunicado su profunda preocupación por la situación en el departamento del Cauca, donde “por los menos trece defensores de derechos humanos han sido asesinados en lo que va del año”. También organizaciones internacionales han denunciado la situación en este departamento, donde tan solo en 6 días, entre el 17 y el 22 de abril, se produjeron los asesinatos de 6 líderes sociales: Hugo de Jesús Giraldo Lopez y Mario Chilhueso Cruz, integrantes de la Asociación de Trabajadores y Pequeños Productores Agropecuarios (ASTCAP) y Teodomiro Sotelo Anacaona, Andrés Cansimance Burbano, Jesús Albeiro Riascos y Sabino Angulo integrantes del Consejo Comunitario AFRORENACER y del Coordinador Nacional Agrario (CNA). Según el comunicado de la OACNUDH, “un número creciente de actores armados y grupos criminales luchan por el control de economías ilegales y estarían detrás de la mayoría de estos ataques que han aumentado en los últimos meses (…) Grupos armados y grupos criminales parecen estar aprovechando el aislamiento de las personas para ampliar su presencia y control sobre el territorio.”

Las comunicaciones de las instituciones y representantes políticos del Estado español urgen al Presidente Iván Duque a:

  1. Impedir y detener la ola de asesinatos y agresiones contra las personas que defienden los derechos humanos e incluir planes de protección individual y colectiva de los liderazgos sociales y comunidades.
  2. Acordar un cese al fuego bilateral con todos los grupos armados durante la efectividad de las medidas preventivas contra el COVID-19. 
  3. Avanzar en la implementación integral de las medidas del Acuerdo de Paz y así contribuir a las garantías para las personas que defienden los derechos humanos, que asumen liderazgos sociales y que apoyan la implementación de lo acordado. 

 

Para más información

Alejandra Durán comunicacio@taulacolombia.org / +34 641 884 134 

 

 

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